El TTIP refuerza el libre comercio a costa de la seguridad alimentaria

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on el objetivo de eliminar obstáculos burocráticos al comercio entre empresas de ambas regiones, la Comisión Europea y el Gobierno de Estados Unidos se hallan inmersos en un proceso de negociación que podría conducir a la aprobación, a final de 2015 o en 2016, de un tratado de comercio e inversiones entre ambas regiones, el TTIP. En Europa, este proceso se ha topado con un importante rechazo tanto hacia el fondo como hacia la forma de un acuerdo que, según denuncian las organizaciones que se oponen al tratado, se está cocinando de forma opaca, sin que los parlamentos de los Estados miembros de la UE conozcan los detalles de la negociación ni la ciudadanía tenga acceso a su contenido. Ante las críticas por la falta de transparencia, la Comisión Europea hizo público en enero, por primera vez, material relativo a las negociaciones. Material que refleja la posición de la Comisión, y en el que se encuentra un documento sobre las líneas de partida de esta respecto a los estándares sanitarios y fitosanitarios, utilizado en una de las rondas de negociación. En su artículo 2, el documento recoge los objetivos de la Comisión Europea sobre esta materia y, tras un primer punto en el que se defiende la voluntad de facilitar el comercio entre las partes mientras se preserva su derecho a proteger la vida y la salud humana, animal o vegetal en sus territorios y se respetan sus sistemas regulatorios, el segundo punto recoge como objetivo el "asegurar que las medidas sanitarias y fitosanitarias no creen barreras innecesarias al comercio".

De la mano del TTIP y de su voluntad de alcanzar una "coherencia reguladora", los intereses comerciales pasarían a ocupar el primer lugar, denuncian sus detractores, arrinconando tanto el principio de precaución, que ha regido hasta ahora la regulación alimentaria europea, como la seguridad y la soberanía alimentarias o los derechos de los consumidores. Así, advierten de que esa buscada "coherencia" será, muy probablemente, una coherencia a la baja que validaría las legislaciones menos exigentes y acarrearía una importante desprotección para todos los eslabones del sector alimentario. Una de las vías que se barajan para alcanzar esa coherencia normativa podría consistir en establecer un sistema por el que un producto o sustancia admitida en una de las regiones pasara a ser automáticamente aceptada en la otra. De ese modo, sería posible importar un producto que, durante su producción, no ha cumplido todos los requisitos normativos exigidos en el país receptor.

Según alerta Amigos de la Tierra, las propuestas de la Comisión Europea en materia de seguridad alimentaria reducirían la posibilidad de restringir los alimentos transgénicos, así como el uso de hormonas, antibióticos y otros químicos a los que estarían expuestos los animales en las granjas. Las decisiones sobre seguridad alimentaria podrían quedar en manos de un organismo comercial conjunto, fuera del alcance de políticos estatales y europeos, al tiempo que quedaría coartado el derecho de los Estados a inspeccionar la importación de alimentos en los puertos de entrada.

VSF Justicia Alimentaria Global, por su parte, alerta en un informe sobre las afecciones que el tratado tendría sobre la seguridad alimentaria, señalando a procedimientos implantados en los Estados Unidos y por el momento no autorizados en Europa, una brecha normativa que podría difuminarse hasta desaparecer con la aprobación del TTIP. Así, la organización señala diferencias en la producción agrícola como el tratamiento de los alimentos mediante radiaciones ionizantes, por el momento solo autorizado en Europa para hierbas aromáticas secas, especias y condimentos vegetales, y relativamente habitual en los Estados Unidos. VSF también señala en su informe a la diferencia normativa en cuanto al uso de plaguicidas y agrotóxicos, ya que muchos de los utilizados en Estados Unidos no están autorizados en Europa, así como a la diferencia entre los niveles de estas sustancias permitidos en los alimentos destinados al consumo en una y otra región.

Las distintas organizaciones que se oponen a la aprobación de este tratado insisten en que este podría dar un impulso aún mayor a un modelo agroindustrial que se apoya en los monocultivos en grandes extensiones y el uso intensivo de agrotóxicos. De la mano de este modelo, alertan, la tierra y su fertilidad, el aire, el agua y la biodiversidad resultarían aún más dañados. También pequeños agricultores y campesinos podrían verse obligados a abandonar su forma de vida, mientras que aumentaría el riesgo de contaminación de los cultivos ecológicos y el conjunto de la población se encontraría expuesto a las implicaciones del TTIP en cuanto a seguridad alimentaria. Frente a este escenario, la responsable del área de agricultura y alimentación de Amigos de la Tierra, Sandra Espeja, insiste en la necesidad de "recordar a la Comisión Europea que un acuerdo de comercio no es el documento adecuado para decidir sobre la alimentación de la ciudadanía".

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